Arqueología ensimismada
Por Diego Martínez Celis
Si bien, históricamente la protección y gestión del patrimonio arqueológico ha sido un constante campo de tensiones y conflictos, en los últimos años (y coincidiendo con las dos últimas direcciones del ICANH y el boom de la arqueología preventiva) parecen haberse incrementado los casos; para la muestra algunos de los más sonados:
La puesta en marcha del Registro Nacional de Arqueólogos (RNA) y la promulgación de la Ley de contratación pública (1882 de 2018) que modifica uno de los artículos de la Ley de Cultura concerniente a la titularidad de las licencias de intervención arqueológica, está haciendo reaccionar al gremio de arqueólogos que llaman la atención, en primera instancia, sobre el riesgo que estas acciones pueden ejercer contra el patrimonio arqueológico; paradójicamente, el mismo gremio ha mantenido un bajo perfil en otros casos de más amplia incidencia social donde si ha sido evidente la afectación a este patrimonio o donde se han vulnerado los derechos de las comunidades relacionadas.
A continuación se exponen algunas ideas con el fin de sumar a una discusión pública que sigue pendiente y, más que responder a la coyuntura del momento, se pretende llamar la atención sobre aspectos fundamentales de la gestión del patrimonio arqueológico que siguen sin ser decididamente abordados, en especial por el ICANH y el gremio de arqueólogos en quienes el Estado ha delegado la mayor parte de funciones y responsabilidades sobre este patrimonio, y que sumergidos en una suerte de ensimismamiento gremial parecen olvidar el impacto y la dimensión social más amplia de su quehacer profesional, al tiempo que desconocer la importancia de la participación multidisciplinar, multisectorial y de las comunidades en general en la gestión y apropiación social de este patrimonio.
El círculo vicioso del patrimonio arqueológico
De acuerdo con la legislación colombiana el patrimonio arqueológico “comprende aquellos vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y otras ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración” (Ley 1185 de 2008). Por tal razón y debido a su creciente riesgo de destrucción, para efectos de su protección se ha establecido un régimen legal que se justifica en que este tipo de patrimonio además “conforma la identidad nacional” (Art. 72 Constitución de 1991).
En términos generales se considera dentro del patrimonio arqueológico a una gran cantidad y diversidad de sitios y objetos que remiten al pasado y que, a pesar de sus múltiples formas de comprenderse, interpretarse o utilizarse, son valorados casi exclusivamente por su carácter arqueológico. Esta limitación en su valoración ha llevado a que la instrumentalización de dicha normativa se condicione a un muy especializado y reducido ámbito de gestión y abordaje disciplinar. De esta manera, solo pocas instancias y profesionales están capacitados y autorizados para ejercer en su investigación, intervención (ver Registro Nacional de Arqueólogos-RNA) o gestión, que en la actualidad se desarrolla, en gran medida, en torno a la llamada “Arqueología Preventiva” mediante la adjudicación de Licencias de Intervención que atienden, principalmente, a la creciente demanda de proyectos de obras de infraestructura o de urbanización que deben cumplir con requisitos legales de mitigación de impactos ambientales.
Desde una perspectiva arqueológica el valor del patrimonio arqueológico no radicaría en su materialidad sino en su calidad de documento que puede ofrecer información o arrojar datos para comprender el pasado. Debido a los métodos utilizados (p. ej. excavación), en la mayoría de intervenciones o investigaciones en torno a este tipo de patrimonio es necesario la “destrucción” del contexto que le otorga significación. Por tal razón es principalmente en los informes de investigación (realizados por arqueólogos) donde finalmente reposaría la significación cultural que valida a estos sitios y objetos como un patrimonio cultural.
Sin embargo, y en comparación con la creciente cantidad de intervenciones o investigaciones que sobre este patrimonio se llevan a cabo, es muy baja o nula la cantidad de información o de conocimiento arqueológico que se transmite y que logra llegar al grueso de la sociedad colombiana. La información y datos que arrojan dichos proyectos, o no se publican ni divulgan, o circulan en ámbitos cerrados o muy especializados. De esta manera, se advierte que la arqueología no está cumpliendo de manera efectiva con su rol social u objetivo de brindar “luces” sobre el pasado representado en dichos sitios y objetos, condición que los legitimaría como bienes del patrimonio cultural.
La persistencia del desconocimiento público del significado y valor arqueológico de este patrimonio, conlleva a la potencialización de los riesgos de su alteración, pérdida o destrucción. Prácticas “tradicionales” como la guaquería, comercialización ilegal o alteración de contextos por obras civiles o urbanización, entre otros, han llevado a que se constituya, consolide y aplique (muchas veces de manera impositiva y policiva) un régimen legal tendiente a mitigar dichos riesgos y a reglamentar su gestión, la cual se ha enfocado en abordar las materialidades del pasado más como objetos de la ciencia que como objetos culturales susceptibles de múltiples formas de valoración y por tanto de vinculación con las comunidades, que en la mayoría de los casos, desconocen, no entienden o no les interesa alinearse con la lógica (o la política) que representa la gestión pública de este patrimonio desde su valoración científica.
El resultado de lo anterior puede resumirse en este “circulo vicioso”, donde la solución al problema del riesgo sobre el patrimonio arqueológico, es decir la imposición de un régimen legal basado casi exclusivamente en su valoración “arqueológica” y abordaje “científico”, terminan siendo parte del problema:
Nueva ley: ¿nuevo problema o nueva oportunidad?
La arqueología preventiva en Colombia existe y tiene sentido en el marco jurídico y del reconocimiento de los restos materiales del pasado como parte del patrimonio cultural. De acuerdo con el artículo 72 de la Constitución, este pertenece a la Nación y está bajo la protección del Estado. Sobre esta base considero que la discusión en torno a la nueva ley de contratación pública 1182 de 2018 (que modifica el numeral 2 del artículo 11 de la ley 397 /97), más que alertar sobre la preocupación por el potencial riesgo de destrucción de sitios arqueológicos (1), debería constituirse en una oportunidad para reflexionar en torno a los verdaderos alcances e impactos que dicho tipo de arqueología está teniendo en el grueso de la sociedad colombiana que constituye la Nación y en rol que deberían asumir los arqueólogos y las empresas que, por vocación u obligación, llevan a cabo Programas de Arqueología Preventiva.
Es evidente que para el gremio de arqueólogos esta modificatoria de la ley puede vulnerar sus condiciones laborales, pero no parece advertir que el fondo del problema radica en que en Colombia no se comprende ni evidencia, con suficiencia, la utilidad pública de la arqueología ni del patrimonio arqueológico. El hecho de que seamos los particulares, y no me refiero solo a los grandes empresarios que adelantan grandes proyectos de infraestructura o construcción sino también a pequeños propietarios, los que tengamos que financiar el rescate de un patrimonio cuya responsabilidad le compete al Estado, y cuyo resultados, la mayoría de las veces, no se dan a conocer y no impactan verdaderamente a las comunidades en que se llevan a cabo, constituye la percepción pública del sinsentido de los programas de arqueología preventiva que terminan viéndose como un simple trámite burocrático, engorroso, costoso e inútil.
Tal y como lo afirma el mismo ICANH (2010) “la normativa vigente sobre patrimonio arqueológico de la Nación no define la obligatoriedad de divulgar los resultados de los Programas de Arqueología Preventiva” y cuando esto se hace depende de la buena voluntad de profesionales y empresas. Debería pues ahondarse en la formulación, normatización e implementación de programas de divulgación y puesta en valor de los resultados de investigación y del patrimonio producto de dichos rescates, haciéndose de esta no una fase accesoria de los programas de arqueología preventiva sino su fin último. El patrimonio cultural arqueológico no puede seguir siendo asumido como un mero objeto de la ciencia, pues desde antes de ser abordado desde el positivismo, y aún en el presente, estos objetos y lugares que representan el pasado, han venido comprendiéndose y valorándose también desde muchas otras formas o nociones del mundo que hoy día se consideran “alternativas” y marginales. Es desde la puesta en valor pública del patrimonio donde se puede abogar por construir o fortalecer el vínculo de las comunidades con estas materialidades, solo de esta manera se constituirán en verdadero patrimonio cultural, y solo de esta manera se legitimaría el ejercicio de la arqueología preventiva en el contexto de una Ley General de Cultura y de una política pública que, se supone, aboga en primer lugar por la apropiación social del patrimonio cultural.
La arqueología “de rumba” mientras la
apropiación social del patrimonio arqueológico se “derrumba”...
apropiación social del patrimonio arqueológico se “derrumba”...
Si bien, históricamente la protección y gestión del patrimonio arqueológico ha sido un constante campo de tensiones y conflictos, en los últimos años (y coincidiendo con las dos últimas direcciones del ICANH y el boom de la arqueología preventiva) parecen haberse incrementado los casos; para la muestra algunos de los más sonados:
• En 2012 se inician las reclamaciones de la comunidad de San Agustín y peticiones formales por la repatriación de la estatuaria arqueológica del Macizo Colombiano expoliada por K. Th. Preuss a Berlín en 1913, pero no hay respuesta por parte del ICANH-Ministerio de Cultura ni otras entidades el Estado. Finalmente, 5 años después unos pocos dolientes, “ciudadanos del común”, logran mediante un fallo de la Corte, que las entidades del gobierno se responsabilicen y asuman la reclamación al gobierno o entidades en Alemania. Se encuentran, en Colombia y Alemania, documentos que demostrarían que Preuss actúo ilegalmente. Silencio por parte de la academia y el gremio arqueológico.
Ver:
• Protesta y oposición de la comunidad de San Agustín al traslado de estatuaria arqueológica del Macizo Colombiano a Bogotá. A pesar del envío de tropas del ejército, la resistencia de la comunidad se impone. Fracaso de la exposición “El retorno de los Idolos” con que se pretendía conmemorar el centenario de las investigaciones de K. Th. Preuss. El ICANH estigmatiza y culpa a la comunidad de San Agustín y no asume su parte de responsabilidad. Silencio por parte de la academia y el gremio arqueológico.
Ver:
-“Patrimonio arqueológico de San Agustín: Crónica de una resistencia comunitaria anunciada”.-“¿El silencio de los ídolos» o el silenciamiento de las comunidades?”
• Se formula, gestiona, debate y aprueba la Ley de Patrimonio Sumergido, con la cual se vulneran los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del patrimonio arqueológico al permitir que empresas privadas puedan lucrarse con parte del patrimonio recuperado. El gran objetivo es la extracción de los “tesoros” del Galeón San José. Una parte de la academia se pronuncia en su contra pero no logra su objetivo.
Ver:
• En respuesta a la coyuntura de la Ley de Patrimonio Sumergido se crea ACOARQ, asociación que pretendía hacerle frente a esta y a otras problemáticas en torno al ejercicio de la arqueología y en defensa del patrimonio arqueológico. Sin embargo algunos de sus socios fundadores, que en principio se opusieron con vehemencia a dicha Ley, terminaron aceptándola y sumándose a diversas actividades académicas y profesionales derivadas de ella.
• La comunidad afectada por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo echa mano de la legislación sobre patrimonio arqueológico para hacer resistencia al proyecto al que se oponen. Se denuncian malos procedimientos por parte de la empresa y arqueólogos a cargo. Silencio por parte de la academia y el gremio arqueológico.
Ver: -“¿Saqueo arqueológico en El Quimbo?”
-“Arqueólogos amanuenses del saqueo arqueológico en El Quimbo”.
-“Arqueólogos amanuenses del saqueo arqueológico en El Quimbo”.
• En otro proceso similar al de San Agustín, y gracias también a la labor de “ciudadanos del común”, la corte constitucional reconoce que el denominado “Tesoro Quimbaya”, fue donado de manera ilegal a la corona Española por el presidente Holguín en 1892, y se exige (a pesar de las resistencia de las entidades del Estado) su repatriación. Algunos académicos apoyan con ponencias durante las audiencias públicas.
• En medio de crecientes obras de urbanización (p.ej. en Sopó o Sogamoso, etc,) se realizan hallazgos arqueológicos fortuitos cuyo rescate es obligado a pagar a los responsables de las obras, en estos casos pequeños propietarios, que no cuentan con los recursos. En ningún caso el Estado apoya o presta asesoría a la comunidad perjudicada. Silencio por parte de la academia y el gremio arqueológico.
• Efectivos del ESMAD, el ejército y la policía son enviados a Santa Rosa de Cabal para hacer frente a la resistencia de los habitantes de la vereda Volcanes, que se oponen al traslado de unas tumbas de cancel que fueron halladas durante la instalación de torres de energía y que manifestaron querer mantener in situ para aprovecharlas como parte de la oferta turística de la región. El Icanh, sin contemplar la factibilidad de la propuesta de la comunidad ordena a toda costa su traslado al edificio de la Alcaldía municipal. Silencio por parte de la academia y el gremio arqueológico.
Ver:
Aunque se podrían citar muchos más, en los anteriores casos fue nulo o poco significativo el apoyo o tan siquiera el pronunciamiento del gremio de arqueólogos y del sector académico. Han sido muchas las personas y comunidades afectadas y poco el respaldo dado por expertos que se decidieran a asesorar o apoyar de alguna manera sus causas. Además coinciden en el tiempo y espacio con el boom de la arqueología preventiva. La política neoliberal y extractivista de las “locomotoras del desarrollo” de los últimos dos periodos de Gobierno, potenció las ejecución de obras de infraestructura por todo el país, haciendo crecer exponencialmente los hallazgos y la demanda de licencias arqueológicas, mientras que, paradójicamente, no ha crecido, o quizás hasta se haya reducido, la producción académica y científica. Se podría especular que en los últimos años los arqueólogos han estado demasiado ocupados atendiendo sus proyectos de arqueología preventiva, por lo que han desatendido espacios académicos y de discusión, y obviando su responsabilidad social para con las problemáticas más amplias de la gestión del patrimonio arqueológico, pero sobre todo para con las comunidades que habitan o se relacionan con estas materialidades del pasado que yacen en los territorios en que investigan o laboran.
Hoy día el gremio de arqueólogos se manifiesta vulnerado por la aplicación del RNA y la proclamación de la ley 1882 /18, medidas tomadas de manera inconsulta y unilateral por parte del ICANH o instancias superiores del Gobierno. Para llamar la atención algunos arqueólogos han manifestado que dichas medidas, en especial la modificatoria de la ley, ponen en riesgo el patrimonio arqueológico (1). Sin embargo, y si se revisa bien, no hay razones para dicha prevención, puesto que no ha cambiado lo sustancial del régimen legal (Constitución y leyes) ni se ha desconocido la obligatoriedad de contar con profesionales idóneos en la gestión de las licencias y consecuentes Programas de Arqueología Preventiva; sino que se les ha otorgado a las empresas mayor autonomía y control para, además, evitar el abuso que de dicho poder venían ejerciendo algunos arqueólogos de dudoso proceder ético. En este sentido los reclamos del gremio respecto al riesgo sobre el patrimonio arqueológico se perciben con cierto tono demagógico, pues no coinciden con la indiferencia o el silencio que han mantenido en casos como los arriba citados. Lo que el gremio debería reconocer abiertamente es que estas medidas están vulnerando sus posibilidades laborales y les están restando el poder y exclusividad del que han venido gozando en el juego de la gestión del patrimonio arqueológico.
El gremio de arqueólogos debería reconocer que, en el contexto nacional, es prácticamente desconocido, se encuentra aislado y no cuenta con socios estratégicos (por ejemplo en altas instancias del Gobierno o del Estado) que apoyen sus causas laborales. Que no basta con autoproclamarse como el natural defensor (y constructor de significación) del patrimonio arqueológico, como para pretender contar con el suficiente poder o autoridad para incidir de manera efectiva en la formulación de instrumentos normativos. El ejercicio público de la arqueología se debe a que trata con materialidades que han sido reconocidas como patrimonio cultural, por lo tanto son de carácter público y este atañe también a otras disciplinas y a muchos otros sectores de la sociedad. En este sentido, las ideas aquí expresadas son un llamado a la apertura gremial, al reconocimiento de la práctica de la arqueología como un ejercicio multidisciplinar e intersectorial, que solo puede cobrar sentido y contar con mayor reconocimiento y apoyo público, en la medida en que se deslocalice de su centro, salga de su ensimismamiento y se decida a aportar al resto de la sociedad colombiana en consonancia con las múltiples necesidades y expectativas que surgen en torno a la gestión del patrimonio arqueológico.
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(1) Ver artículos: “Patrimonio arqueológico en Colombia: SOS”. (Socarrás, 2018) y “¿Y es que lo arqueológico no es patrimonio cultural? ” (Vargas, 2018)
Nota: La ilustración que encabeza este artículo es autoría de Violeta Peña.
Hoy día el gremio de arqueólogos se manifiesta vulnerado por la aplicación del RNA y la proclamación de la ley 1882 /18, medidas tomadas de manera inconsulta y unilateral por parte del ICANH o instancias superiores del Gobierno. Para llamar la atención algunos arqueólogos han manifestado que dichas medidas, en especial la modificatoria de la ley, ponen en riesgo el patrimonio arqueológico (1). Sin embargo, y si se revisa bien, no hay razones para dicha prevención, puesto que no ha cambiado lo sustancial del régimen legal (Constitución y leyes) ni se ha desconocido la obligatoriedad de contar con profesionales idóneos en la gestión de las licencias y consecuentes Programas de Arqueología Preventiva; sino que se les ha otorgado a las empresas mayor autonomía y control para, además, evitar el abuso que de dicho poder venían ejerciendo algunos arqueólogos de dudoso proceder ético. En este sentido los reclamos del gremio respecto al riesgo sobre el patrimonio arqueológico se perciben con cierto tono demagógico, pues no coinciden con la indiferencia o el silencio que han mantenido en casos como los arriba citados. Lo que el gremio debería reconocer abiertamente es que estas medidas están vulnerando sus posibilidades laborales y les están restando el poder y exclusividad del que han venido gozando en el juego de la gestión del patrimonio arqueológico.
El gremio de arqueólogos debería reconocer que, en el contexto nacional, es prácticamente desconocido, se encuentra aislado y no cuenta con socios estratégicos (por ejemplo en altas instancias del Gobierno o del Estado) que apoyen sus causas laborales. Que no basta con autoproclamarse como el natural defensor (y constructor de significación) del patrimonio arqueológico, como para pretender contar con el suficiente poder o autoridad para incidir de manera efectiva en la formulación de instrumentos normativos. El ejercicio público de la arqueología se debe a que trata con materialidades que han sido reconocidas como patrimonio cultural, por lo tanto son de carácter público y este atañe también a otras disciplinas y a muchos otros sectores de la sociedad. En este sentido, las ideas aquí expresadas son un llamado a la apertura gremial, al reconocimiento de la práctica de la arqueología como un ejercicio multidisciplinar e intersectorial, que solo puede cobrar sentido y contar con mayor reconocimiento y apoyo público, en la medida en que se deslocalice de su centro, salga de su ensimismamiento y se decida a aportar al resto de la sociedad colombiana en consonancia con las múltiples necesidades y expectativas que surgen en torno a la gestión del patrimonio arqueológico.
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(1) Ver artículos: “Patrimonio arqueológico en Colombia: SOS”. (Socarrás, 2018) y “¿Y es que lo arqueológico no es patrimonio cultural? ” (Vargas, 2018)
Nota: La ilustración que encabeza este artículo es autoría de Violeta Peña.
No es una especulación tal afirmación que en el texto se propone: que los investigadores llenos de labores de exploraciones arqueológicas olvidamos y no rendimos el tiempo necesario para sumar al estudio académico o trabajar con las comunidades en sus territorios, a pesar de los avances en técnicas de registro y también de las amplias hectáreas exploradas, incluso a pesar de la miríada de vitrinas exponiendo los bellos tiestos y líticos preciosamente confeccionados por las gentes del pasado.
ResponderEliminarLa práctica empresarial a la que se somete la arqueología ha procurado limpiar de basura arqueológica los territorios para dejar tierras sin historia y el registro arqueológico es llevado a las grandes ciudades del país para desarrollar laboratorios al margen de los contextos espaciales de los cuales hicieron parte, dejando de lado a los actuales pobladores claro.
La práctica del laboratorio fuera de los contextos sociales y espaciales a los que pertenece el patrimonio arqueológico, suma tan solo a la consolidación de un trabajo académico o científico libre de la mugre de las comunidades locales quienes deben agradecer el conocimiento que procuremos los arqueólogos luego de sortear los intringulis administrativos con nuestros empleadores, porque a veces ni presupuesto para laboratorio se logra gestionar. O tan solo es el efecto de ser productivos, eficaces y eficientes para solucionar la imposición de los tiempos a los que nos someten las empresas.
El patrimonio son las ideas que de él creamos, la historia, la memoria, la vida cotidiana que esconde los puentes comunicantes entre el pasado y el presente. Los puentes son de dos vías, académicos y sociales, una ruta cada vez más exigida en el siglo XXI.
Considerando los modelos de contratación quizá sea cierto que en lo laboral no habrá problemas para los arqueólogos, tercerización al día tal como hoy sucede.
Los arqueólogos realmente no somos los adalides del patrimonio arqueológico, no lo somos precisamente porque la lógica de nuestro trabajo así lo ha impedido y porque no se cree en un deber ser de la arqueología y si acaso lo vemos es el viejo dilema de fungir como ciencia que da bases a la imposición del estado-nación, bajo la égida de ser los monopolistas de contar la historia prehispánica, así que a lo sumo terminamos de misioneros estatales.
¿Podremos achacarle una deuda a los arqueólogos o a la arqueología? Ciertamente trabajamos con las manos amarradas y al firmar contratos sabemos que las tendremos sucias a pesar de las nobles intenciones.
Por ello me ha interesado siempre la inversión de los tiempos invertidos en la práctica de la arqueología preventiva, bastante tiempo se gasta hoy tras las máquinas y el calendario de la ingeniería nacional, bastante tiempo para quedar sin fuerzas para compartir o leer o hacer otras cosas. Más laboratorio, así sea un laboratorio etnográfico, más divulgación, menos talleres, menos conferencias de ¿qué es la arqueología? que es a lo sumo a lo que llegamos cuando hablamos en las obras de infraestructura, esta lucha podrá ser gremial.
PD: en el caso de Santa Rosa del Cabal hay que aceptar que ACOARQ estuvo presente en el seguimiento posterior, creando nexos con la comunidad y agentes de la política nacional.